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Escrito por ODS Patio Maravillas   
Sábado, 21 de Junio de 2008 16:20

La crisis económica activa políticas de regreso en países de destino y origen

La política migrante se estanca en el retorno

Ricardo Cana González
 
La vuelta a casa de los inmigrantes cobra cada vez más fuerza en los foros de discusión internacional. Una estrategia que cala entre los principales países receptores debido a la grave crisis económica mundial y al desempleo que afecta especialmente a este colectivo, pero también entre ciertos Gobiernos emisores que plantean esta opción a sus conciudadanos con la finalidad de que se sumen a sus proyectos de reconstrucción nacional. Estos son los casos de Ecuador y Rumania, dos de los más afectados por la emigración transnacional en los últimos tiempos, los cuales han puesto en marcha programas de retorno que cuentan con el visto bueno de organismos internacionales y la Unión Europea. Ambos confluyen en el contenido, aunque chocan irremediablemente en las formas.


El interés de unos de facilitar un retorno voluntario es contrario al cierre de fronteras y criminalización la inmigración “ilegal” que se da en el marco europeo. Esta tendencia se pudo comprobar a mediados de mayo en la gira europea del presidente ecuatoriano, Rafael Correa. En ella presentó el Plan Retorno que puso en marcha su país a principios de año, el cual apuesta por la “migración concertada” y por el regreso “digno” del casi millón y medio de ecuatorianos que viven en el exterior, según cifras oficiales, aunque algunas fuentes estiman que puede haber hasta 2,5 millones contando los ‘sin papeles’.

Una situación que poco tiene que ver con la Directiva de Retorno Europea, que apuesta por el regreso en todas sus variantes: voluntario, incentivado y, a tenor de los últimos acontecimientos, especialmente  obligado o forzoso. En España, por ejemplo, el Instituto Nacional de Empleo (INEM) calcula que unos 240 mil inmigrantes están desempleados en gran parte porque la crisis financiera a nivel mundial se ha sentido con fuerza en el sector de la construcción e inmobiliario, dos de las principales fuentes de trabajo de la mano de obra migrante. Una situación que ha puesto en alerta a todos los implicados ante un previsible conflicto. Enrique Iglesias, secretario general iberoamericano ya ha avisado en más de una ocasión que los gobiernos tendrán que estar “preparados” para absorber la mano de obra que regrese debido a esta crisis[1].

Incluso el presidente español, José Luis Rodríguez Zapatero, se ha planteado la política del retorno de esta mano de obra desempleada como una de sus prioridades para su segundo mandato. Para facilitar este supuesto regreso pretende aplicar medidas como el cobro del paro en una sola vez y apoyar la iniciativa privada a través de microcréditos, además de seguir promoviendo proyectos de codesarrollo.

Pero estas medidas incentivadas se combinan con políticas restrictivas de control de flujos migratorios en el resto de Europa. La Tarjeta Azul, por ejemplo, basaría su estrategia en una inmigración seleccionada según los intereses de los países de la UE. Esto supondría promover una migración en función de la oferta y demanda del mercado laboral, y al mismo tiempo captar a los más capacitados de cada país, potenciando la tan criticada fuga de cerebros.

En el caso ecuatoriano, médicos, arquitectos, ingenieros, enfermeras, economistas, profesores… arman el abanico de profesionales que se han ido a España, Italia, Alemania, Canadá, EE.UU., Chile y muchos otros países. A esto se suma una mayor inversión en los controles fronterizos, aumento de deportaciones y una ley común para poder recluir por un tiempo máximo de 18 meses a los inmigrantes indocumentados en Centros de Internamiento Especial (CIE), llamados “pequeños Guantánamos” por activistas y algunas organizaciones sociales. Asimismo, en países como Italia, el Gobierno de Berlusconi ha aprobado penas de cárcel para los que se encuentren en el país de forma irregular. Todo esto pese a que la ONU haya advertido que la Unión Europea necesita multiplicar por dos el número de inmigrantes que reciba hasta 2050 a causa del envejecimiento de la población y la baja natalidad.

Este doble discurso ha desencadenado toda una avalancha de críticas hacia la gestión ecuatoriana. Organizaciones sociales creen que tras las buenas intenciones, su Plan Retorno podría beneficiar a los países del Norte, algo que rechaza la ministra ecuatoriana de migraciones, Lorena Escudero: “No queremos hacerle el juego a los países que quieren desprenderse de los desechables”, afirma.

 El 57 por ciento de las emigraciones se dio con la aguda crisis financiera y política que vivió el país entre 1999 y 2006. Pese a que la situación actual no sea tan incierta, aún no se han generado las condiciones para que se dé una voluntad de regreso real. Aunque todos reconocen que con Correa se ha conseguido cierta estabilidad, la crisis económica y política sigue siendo crónica en esta pequeña nación andina.

 Los bajos salarios y la alta inflación son sus máximos exponentes: el sueldo mínimo de un trabajador del sector privado está en 200 dólares[2] -unos 150 euros-, mientras que el costo de la canasta familiar básica supera los 495 dólares –unos 375 euros-, según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (INEC)[3]. Esto hace que la mayoría de ecuatorianos desconfíen de este proyecto más “simbólico” que real, según las propias palabras de la Secretaría Nacional de Migrante (SENAMI), creada por el actual Gobierno de Ecuador para recoger las demandas de los migrantes. Incluso la superficialidad de este plan ha dado alas a la defenestrada oposición. Según Pablo Lucio Paredes, asambleísta opositor al Gobierno, “los inmigrantes no van a volver porque se les dé un par de cositas”, y advierte de que si se aplica la visión económica, social y política de los últimos diez años se podría pensar que dentro de una década el país estará “aún más rezagado”.

El mito de las remesas

El papel de las remesas como fuente de desarrollo está cada vez más en entredicho. Según cifras del Banco Central de Ecuador (BCE) el envío de dinero desde el exterior  impuso un nuevo récord en el país en 2007, al sumar USD 3.087,9 millones, lo que representa un crecimiento del 5,5% en  relación con el 2006 y 18,6% con respecto al 2005. Pese a ser la segunda fuente de ingresos por detrás del petróleo, los índices de desarrollo del país siguen estancados.

Para los analistas esto se produce porque este dinero sólo se utiliza para gasto corriente que no se traduce en una mayor inversión productiva. Esto hace que el inmigrante se empiece “a cansar de enviar remesas y no ver sus frutos”, según Vladimir Pascual, director general de Rumiñahui, una asociación que trabaja con inmigrantes ecuatorianos en España. En general, los que emigran no pertenecen a las clases más pobres. “Este colectivo no tiene dinero ni para marcharse”, apuntan desde la SENAMI, ya que cualquier proyecto migratorio debe tener un aval económico.

Familiares de emigrantes dicen que emigrar a Estados Unidos a través de canales ilegales tiene un costo medio de 12.000 dólares por tres intentos, utilizando rutas en las que muchos pierden la vida. “Muchos barcos parten desde la costa ecuatoriana hasta Centroamérica y una vez allí cruzan a pie las fronteras con la intermediación de coyotes”, cuenta la periodista ecuatoriana Sandra Ochoa, tras haberlo vivido en carne propia con el fin de escribir un reportaje.  Por esta razón, España se ha convertido en el principal destino de los emigrantes ecuatorianos, que lo ven como un destino más seguro y barato. Muchos hipotecan todo lo que tienen y piden préstamos a fuentes de financiación ilegal, conocidos como chulqueros en Ecuador. En el caso de que fracasen en su intento de llegar a tierra prometida, tendrán que responder ante estas mafias con tierras, casas o cualquier otra cosa de valor que dejen atrás. Si logran el sueño americano o europeo, las primeras remesas se destinan a pagar esta deuda. En segundo lugar a financiar las necesidades básicas de su familia. Y, los que llevan más tiempo fuera y consiguen ahorrar algo, compran casas y coches. Salvo excepciones, pocos invierten el dinero en algún proyecto productivo de medio o largo plazo.

Esta situación es bastante visible en el Austro –provincias de Azuay, Cañar, Loja y El Oro-, región en la que se estima que 6 de cada 10 personas tienen algún familiar en el exterior y que representa casi la mitad de la migración ecuatoriana (43%). En estas provincias muchos empezaron a emigrar hacia Estados Unidos en la década de los 50 y desde entonces los flujos migratorios han sido continuos. Con el colapso bancario de 2000, la mayoría de ecuatorianos optó por irse a España (48%) frente a los que decidieron irse a Estados Unidos (28%). Italia se convirtió en la tercera preferencia, según datos del INEC. Sin embargo, el sueño americano sigue teniendo más impacto que el europeo en esta zona sur del país.

Las redes sociales son fundamentales para explicar este proceso. La migración ecuatoriana se suele dar en unas regiones concretas por la presencia previa de ecuatorianos en ese espacio. Los familiares o amigos que viven en el exterior sirven de enlace y facilitan la búsqueda de empleo y hogar en estos lugares de destino.

Al mismo tiempo juegan una “suerte de contagio” entre la población que induce a emigrar a quienes aún no lo han hecho para imitar el ‘éxito’ que han alcanzado muchos de los que se fueron. Al ser una migración de mayor recorrido, muchos han podido ahorrar y mandar dinero a sus familias para construir casas y comprar coches. El paisaje urbano y rural se ha metamorfoseado completamente en esta región. En el campo resulta normal encontrarse típicas casas de adobe de familias humildes junto a nuevos hogares que replican las construcciones y hábitos de vida estadounidenses en lugares prácticamente inaccesibles. “Como dicen por aquí, se construyen casas con ascensores en sitios donde no hay electricidad”, ironiza Clementina González, experta ecuatoriana en migraciones. Los que deciden invertir en un negocio, lo hacen en servicios y transportes, rechazando proyectos agrícolas o artesanales, ya que muchos se fueron porque no recibían ningún tipo de subvención para producir en estas áreas.

Ausencia de reinserción familiar

La realidad es que muchos de los que regresan a Ecuador hoy en día lo hacen forzosamente o para recuperar a su familia, y en la mayoría de casos se plantean volver a emigrar porque son más vulnerables a la exclusión social. Clementina González considera que esto sucede porque el Plan no tiene en cuenta “proyectos de vida ni cuenta con la participación de los migrantes”. De hecho, muchos retornados denuncian que ignora uno de los temas fuertes: la reinserción familiar.

 “Los que vuelven se encuentran con familias completamente desestructuradas debido a que en algunos casos el regreso se produce tras más de diez años en el extranjero, lo que le convierte en prácticamente un desconocido para sus seres queridos”, advierte.

 En este proceso de reinserción, el apoyo a proyectos productivos a través de préstamos estatales podría jugar un papel fundamental: “No estamos pidiendo limosnas, sino algo que nos hemos ganado a base de esfuerzo, sufrimiento…”, opina Martín Ríos, migrante que estuvo nueve años en Estados Unidos y que ha vuelto por razones “estrictamente familiares”. Actualmente busca crear una asociación que recoja las preocupaciones de los retornados en el Austro, aunque se queja de la poca ayuda que recibe del Estado.

Lo grave de este fenómeno es que los más delicados tejidos sociales se están viendo alterados. Aquellos que no pudieron emigrar en estas zonas viven en una situación de miseria crónica: alcoholismo, desnutrición, problemas de incesto, niños con problemas de aprendizaje… Por esta razón, para Ríos en el momento que uno retorna “se terminan sus derechos”. Sin embargo, según Vladimir Pascual el problema está en que muchos “creen que le van a dar dinero y lo que no saben es que van a terminar firmando un no retorno a Europa por diez años”. Ante el retorno simbólico que plantea el Gobierno, los migrantes piden acciones concretas, entre las que se encuentran acabar con las lacras políticas e institucionales del país. Para John Ojeda, migrante retornado, “la gente no volverá, mientras siga existiendo corrupción”. Otros expertos señalan que se debe garantizar la seguridad social, la sanidad y la educación que consiguen muchos de los que emigran en países de destino como España. Aunque para el Gobierno “la mejor garantía es invertir aquí y construir el país poco a poco”, confirma José Astudillo, viceministro de la SENAMI. Mientras tanto, la crisis económica en Estados Unidos y el temor a ser deportados podrían ocasionar que millones de inmigrantes decidan mandar menos dinero a sus familias en América Latina, según refleja el Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Nadie sabe cuánto se tardará en “montar la casa” que ha prometido Correa, pero analistas como Clementina González advierten de que si se diera un retorno masivo en estos momentos se daría un gran conflicto social en el país. “No es lo mismo que Rumania, que está integrada en la UE y puede crear empleos a sueldos europeos”, concluye. 

Pocas políticas concretas

En sus giras por Europa, Rafael Correa ha repetido varias veces que “su Gobierno va a ser el de los emigrantes”. Su estrategia es convencer a la gran comunidad de ecuatorianos que vive en el exterior de que se sumen a la “revolución ciudadana” desde el exterior. Pero la crisis institucional, política y social que vive el país desde el colapso bancario no invita en nada al optimismo. Esto hace que el Plan Retorno se observe con gran escepticismo entre toda la población. La opinión generalizada es que se trata más de una campaña política y simbólica, que de una propuesta real. La SENAMI se defiende diciendo que es la primera vez que “se crean vínculos con los migrantes y sus familiares”, y se abren caminos para que “los que emigren lo hagan de una manera segura, informada y digna”, según la ministra Escudero.

Entre las acciones concretas que ha impulsado la Secretaría destacan: acuerdos aduaneros para que el retornado no tenga que pagar impuestos por el menaje de casa y el equipo de trabajo con el que vuelva (incluido un coche); una Banca del Migrante, para asesorar financieramente sobre el uso de las remesas; Casas Ecuatorianas en las principales ciudades de destino (Nueva York, Madrid, Barcelona), como punto de encuentro e información; y la creación de un portal de Internet dirigido a resolver las dudas y facilitar la búsqueda de trabajo. Sin embargo, muchos migrantes consideran insuficientes estas medidas. En el caso de la Banca, por ejemplo, “no se conceden casi créditos”, según la experta Clementina González, del CESPLA. Lo que sí agradecen los que están fuera es que por primera vez se les tome en cuenta para proyectos políticos como la Constitución que está en proceso y por la que podrán votar en el referéndum revocatorio.

- Ricardo Cana González es periodista español.



[1] Discurso pronunciado en el II Foro Iberoamericano sobre Migración y Desarrollo, celebrado en la ciudad de Cuenca (Ecuador), el pasado mes de abril.

[2] Decreto del Ministerio de Trabajo y Empleo de Ecuador disponible en: http://ia360607.us.archive.org/1/items/DecretoDeTrabajo/Decretodetrabajo189.pdf



Fuente: ALAI, América Latina en Movimiento

 

Actualizado ( Miércoles, 25 de Junio de 2008 02:08 )
 
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